No se descarta el inicio de causas penales por el uso ilegal del agua y el daño al ambiente
En el caso del río Miriñay donde se detectó una arrocera ilegal, el fiscal rural y ambiental Gerardo Cabral, adelantó en declaraciones radiales que esta semana se realizarían las imputaciones por las irregularidades de la arrocera que construyó un terraplén sobre el río Miriñay que impide el normal escurrimiento de las aguas, que ocasiona inconvenientes aguas abajo, y las consecuencias que ello ocasiona a la biodiversidad.
No se descarta que queden imputados el propietario de las tierras, el titular de la arrocera, el técnico encargado de la obra, incluso funcionarios públicos por los delitos de usurpación de agua (artículo 182 del Código Penal) y daño gravado (artículo 184 inciso 5, CP).
Tras los allanamientos ordenados por el juez Martín Vega, Cabral dijo que avanzará con el pedido de destrucción de los terraplenes que impiden la circulación del escaso caudal del agua. Se trabajará para ello de manera articulada con el Estado provincial, debido a que el Ministerio Público no cuenta con la logística necesaria para llevar adelante esa tarea. Se requiere de maquinaria específica como retroexcavadora, entre otras.
«Se constató una barrera artificial construida sobre el río Miriñay, a través de la Gendarmería Nacional con asiento en Paso de los Libres. Se utilizaron drones con GPS para localizar bien el punto, las coordenadas y se avanzó con el secuestro preventivo de motor con estación de bombeo y también pretendíamos secuestrar una excavadora pero que ya no estaba al momento del allanamiento», precisó Cabral.
«Pedimos información al Icaa que estamos esperando, pero verbalmente nos informaron que la arrocera no tiene autorización para el uso del agua, por lo que la semana que viene esteramos realizando las imputaciones», aseguró a este diario.
(FUENTE: nota publicada por diario El Libertador)